Objetivos de la nueva ley de la calidad alimentaria gallega
La Xunta de Galicia trabaja en una nueva ley de calidad alimentaria que impulsará los productos acogidos a las diferentes Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas, además de otras figuras como el sello artesanía alimentaria, con el objetivo de que el nuevo texto esté aprobado el próximo año, en 2022. Así, la nueva ley actualizará la Ley 2/2005, de 18 de febrero, de promoción y defensa de la calidad alimentaria gallega.
Con esta nueva ley se pretende luchar contra las prácticas desleales reforzando las medidas de control y las sanciones, por lo que se hará una revisión del catálogo de infracciones y el procedimiento sancionador. Las medidas se aplicarán tanto a la producción como a la comercialización y se tendrá en cuenta la creciente venta de productos a través de internet.
Por otro lado, se pretende impulsar la calidad diferenciada de los productos alimentarios de Galicia a través de la mejora, integración y desarrollo de su regulación. Contando con el apoyo de las Denominación de Origen, Indicaciones Geográficas Protegidas y a otras figuras de protección como el sello de la artesanía alimentaria, se desarrollarán estrategias y acciones para poner en valor los productos gallegos de calidad que permitan alcanzar nuevos mercados, siendo más competitivos y atractivos para los consumidores.
Se establecerán medidas para la adaptación al Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, definidos dentro de la estrategia “De la granja a la mesa”, que promueve la orientación del sistema alimentario hacia la sostenibilidad, la innovación y la transición justa entre la ciudadanía y los operadores alimentarios.
Asimismo, siguiendo los principios de responsabilidad social y ambiental promovidos por la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la nueva ley introducirá la Compra y Contratación Pública Verde de productos alimentarios. La Compra y Contratación Pública Verde se refiere a los procesos de compra o contratación de bienes y servicios por parte de administraciones, organismos y entidades públicas, en el que se valoran tanto los aspectos económicos y técnicos como los ambientales. Así, la ley introducirá criterios que prioricen la compra pública de alimentos y servicios con un impacto ambiental reducido durante su ciclo de vida, es decir, los productos frescos, de temporada, ecológicos, de cercanías y de calidad diferenciada.
Otro de los objetivos fundamentales de la nueva ley será ejercer un mayor control sobre las entidades privadas de certificación alimentaria cuando ejerzan actividades relacionadas con la verificación del cumplimiento de esquemas de certificación públicos. Estas entidades deberán realizar una declaración responsable y pasarán a formar parte de un “registro de entidades de certificación” que facilitará la supervisión de su actividad por parte de la Administración.